QUIERO UNA CONSTITUCIÓN, NO UN ESTATUTO

La Constitución de Haya de la Torre…

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Tras la caída del fujimontesinismo, hay quienes han debatido intensamente sobre si debemos volver a la Constitución Democrática de 1979 de Haya de la Torre, o mantenernos bajo el amparo del Estatuto neoconstitucional que promovió Alberto Fujimori con su autogolpe de Estado del  5 de abril del año 1992.

Al respecto, creo que hay que formular algunas precisiones que responden de manera definitiva tal interrogación. La Constitución Política de 1979, fue el resultado de una intensa lucha política protagonizada por los sectores progresistas y democráticos (con Haya de la Torre a la cabeza) que le arrancó a la dictadura militar -tras doce años de gobierno institucional de las Fuerzas Armadas-, el retorno de las libertades, la democracia y con ella, a los ciudadanos, una nueva y mejor forma de convivir en el Perú.

Su elaboración y contenido, fue también un esfuerzo común de una colectividad de patriotas que logró el consenso en torno a la naturaleza de la necesidad de un nuevo “Contrato Social” basado en cinco consideraciones fundamentales: -Afirmar al hombre como fin supremo de la sociedad y el Estado, -Reconocer la naturaleza plural y social de nuestra economía, -Reafirmar la validez y vigencia de las conquistas de los trabajadores y organizaciones del pueblo -Definir la nueva naturaleza social del Estado como árbitro de las complejas relaciones entre el capital y el trabajo y, -Consagrar la adhesión a la doctrina de los Derechos Humanos que la Carta Magna de Haya de la Torre reconoció como tributo a la lucha y muerte de los miles de peruanos que se entregaron a  la causa de la justicia social por lo menos, durante el siglo XX.

Pero esta Constitución, que fue considerada “progresista y de avanzada”, fue desconocida tras el autogolpe de Alberto Fujimori, al imponerse una neo-constitución con molde de Estatuto Oficial que permitió modificar todo el ordenamiento legal vigente, con la exclusiva intensión de imponer una autocracia/parlamentaria con una visión neoliberal en la economía.

Algunos sectores políticos no sólo «avalaron» la ruptura del orden constitucional, sino además la farsa de un llamado Congreso Constituyente Democrático (CCD) con el que trataron de lavarle la cara a la dictadura promoviendo un “Estatuto Constitucional” en lo que ha sido considerado como una conducta incompatible  y absolutamente contradictoria con los principios del Estado Constitucional de Derecho.

La imposición de esta «nueva neo-constitución fujimorista» tuvo sin duda un origen espúreo, derivado de un mandato dictatorial y anti-popular al que no se le debe respeto, ni obediencia legal alguna, pero que sin embargo, al haber sido reconocido por el Estado, ha  generado una frondosa legislación en una infinidad de materias que no es posible desconocer.

El consenso entre constitucionalistas y algunos demócratas apunta a que el país debe atender el “principio de la realidad” y, si bien este punto de vista “legalista” es acertado ya que tras los años en los que “la Constitución de Fujimori ha tenido vigencia” se ha generado una “realidad objetiva”, desconocerla, podría  generar una grave desestabilización legal, política e incluso económica.

¿Debemos entonces someternos a un “Estatuto» llamado Constitución que produjo entre otros, un ordenamiento legal “para” permitir la reversión de las conquistas sociales, darle validez al despojo y la venta «al barateo» de los bienes del Estado e implementar políticas de protección de intereses foráneos? Pues la respuesta es no, menos aún, si con ello terminamos convalidando históricamente la ilegal irrupción anticonstitucional, el abuso y la impunidad de los que hemos sido testigos de excepción en los años del terror “montesinista”.

Desde esta perspectiva, el Estado peruano, fiel a sus valores democráticos, si bien debió reivindicar la carta Magna de 1979 rindiéndole tributo a su espíritu democrático tras la caída de Alberto Fujimori, lo que debe hacer pronto es  “mandar su plena vigencia” y a partir de ello, producir las enmiendas constitucionales y legítimas que los tiempos obligan para que no se produzcan «vacíos legales». Sostener lo contrario, es defender el Estatuto Constitucional de una vulgar dictadura y su perverso ánimo represivo y antidemocrático.

Si bien es esta una posición pública y privada que los demócratas han mantenido en concordancia con la posición principista del aprismo en memoria de su Jefe y fundador, el tiempo trascurrido sin que se reivindique la Constitución de 1979 lamentablemente ya no parece hablar de olvido…ya comienza a tener un terrible sabor a complicidad, impunidad y hasta traición. Veamos pues, quien se siente aludido.