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Los asesinos recobran su libertad

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La revisión de la sentencia recaída sobre los asesinos del  “Grupo Colina”, más allá incluso de los procedimientos y el “derecho” mismo que pueda ejercer un sentenciado para que esto suceda, provoca una sensación de horror e indefensión ciudadana que bien vale la pena comentar.

Hace poco tiempo y bajo los auspicios del gobierno de Alejandro Toledo, casos similares que produjeron la repulsa ciudadana se registraron y hoy, grupos de terroristas condenados se encuentran en plena libertad, atendiendo a fallos derivados de sendos “procesos de revisión” que se ampararon en diversas modificaciones legales que hicieron esto posible.

Es evidente que ambos extremos de la administración de justicia son cuestionables, sobre todo porque no estamos hablando de la revisión de las sentencias de cientos o miles de inocentes que están en prisión, ni de los que pagan culpas ajenas por “errores” del sistema judicial; tampoco de los que purgan condena por homonimias acreditadas que no han sido procesadas, por falta de defensa o, simplemente, de quienes no ven la luz de la libertad por la cantidad de expedientes en giro que hace imposible –según el decir de los jueces-, que puedan atenderse todos los requerimientos que los justiciables formulan.

Hace algunos años, durante el gobierno de Alberto Fujimori y bajo la inspiración de Vladimiro Montesinos, se impuso la cultura de la impunidad desde el Estado, permitiendo  que el crimen persiguiera con crimen a los terroristas llevándose de encuentro de paso, a inocentes, en una especie de conducta homicida homologada entre quienes sintiéndose poderosos,  mostraron su alma asesina plenamente.

A los efectos, controlaron la prensa y se vulneró la democracia imponiendo el espíritu autocrático de quien tras ser elegido por votación popular, se convertiría, por decisión personal, en un dictador más, cuyas decisiones fueron a partir de entonces, señales claras del inicio de un tiempo sombrío donde reinó el silencio cómplice y la muerte desvanecida en la tortura, la incineración de cadáveres o los sepulcros de culpables e inocentes que yacen aún en los arenales.

Durante todo ese tiempo, el secuestro, la tortura, la desaparición forzada y hasta la muerte tal como hemos sostenido, fueron parte de una cultura de crueldad que impusieron en el Perú grupos como “COLINA”, responsables no sólo de masacres como el del Santa, la muerte del periodista  Pedro Yauli, los interminables testimonios de abusos, o el drama de Barrios Altos por el que los responsables purgan prisión como asesinos.

Cuando hablamos de un Estado que alentó la formación de una banda criminal (Grupo Colina), que respondió el terror con las mismas armas de los criminales terroristas que teóricamente combatía, que usó de la muerte “como instrumento de persuasión”, que impuso con absoluta y total impunidad un peligroso patrón de conducta delictiva, entonces, todo “exceso”, adquiere una dimensión mayor al de la simple comisión de un delito cualquiera.

De eso es lo que se habla cuando todos los especialistas coinciden en que el asesinato constituye un crimen que adquiere características de lesa humanidad(recogida en el llamado estatuto de roma y la corte penal Internacional) atendiendo a su naturaleza y características, es decir, cuando se produce sistemáticamente y contra población civil.

No cabe ninguna duda que los delitos de los grupos paramilitares -especialmente en Barrios Altos-, constituyen, tal y como ha sido consagrado en la propia resolución de los vocales de la Corte Suprema que han eliminado la denominación criminal del delito de lesa humanidad y rebajado la sentencia a los integrantes de esta banda homicida, hechos perpetrados como parte de un política de Estado, por miembros de las Fuerzas Armadas y respondiendo a una estrategia finamente elaborada para la realización de planes criminales en forma sistemática y dirigidas contra civiles.

No caigamos en la pervertida tesis que justifica la muerte porque quien es asesinado es sospechoso o  terrorista. Esa es la misma tesis que usan los delincuentes terroristas tras cada baja en las fuerzas del orden. La barbarie no se justifica y menos, el terror. Avanzamos hacia una sociedad desarrollada y una cultura de paz, hay pues,  una enorme responsabilidad sobre los jueces que administran justicia y la mirada ciudadana debe ejercer sobre esta un necesario control.

La muerte es la muerte y es grave aún cuando la víctima sea sólo una. En Barrios Altos por ejemplo, murió un niño absolutamente inocente y otros 15 ciudadanos fueron asesinados. Si alguna de las victimas fuera terrorista, eso no justifica la respuesta de muerte que dio el Estado a través del Grupo Colina y resulta una ironía que la democracia tolere la reducción de penas de los criminales terroristas y también de los asesinos del Grupo Colina.

Queda dicho. Nuestra condena es a toda forma de violencia y la libertad de asesinos en ambos lados tras la revisión y reducción de sus sentencias, no sólo desprestigia la administración de justicia, también lesiona los valores de la democracia y nos deja a todos, un terrible tufo a burla e impunidad.

 

(*) Gráfico tomado de internet