INVERSIÓN PUBLICITARIA EN MEDIOS: LA HORA FINAL

  • Tras presiones, campañas millonarias y la crítica realidad moral que pone en entredicho el sistema de justicia, el TC emitirá un fallo sobre la llamada “Ley Mulder”, la única norma que ha golpeado al poder y le recorta el grosero subsidio del que viven algunos medios de comunicación.

El Perú es un país de dramáticas contradicciones como la que produjo la Ley Nº 2133 que regula el gasto de publicidad del Estado Peruano.  Conocida como la “Ley Mulder”, “Ley Mordaza” o, simplemente, “Ley Antimermelada​”, elimina la publicidad estatal en medios privados adquirió el tema características demasiado sensibles al punto que definió la agenda política, en medio de una maniquea polémica que usó de todos los recursos conceptuales y pecuniarios imaginables para “defender” un pretendido e improbable recorte de la libertad de expresión (¿?) que encubre en realidad, el grosero e ilegítimo subsidio a los medios de comunicación.

Veamos. La verdad es que hay quienes defienden la llamada Ley Mulder en atención al dispendio de asignaciones publicitarias, en tanto otros se oponen, porque viven en medio de una danza de millones que incluyen comisiones que salen de las arcas públicas, sin control, ni razón objetiva, generando una especie de subvención encubierta que -como ha sostenido el parlamentario aprista-, se contrapone con la firme posición internacional de las organizaciones de la Prensa Libre, en las que , como se ha probado en los casos de Venezuela y Ecuador fundamentalmente, esos millones en publicidad se convierten en aportes publicitarios, que pretenden someter el ejercicio libre del periodismo, ejerciendo presión sobre los medios y, naturalmente, tratando de comprar su línea editorial.

El infeliz pretexto de “recortes de libertades” que usan algunos agoreros de la inconstitucionalidad de la Ley, sirva para defender los privilegios que les da recurrir a estos pingues recursos que reciben el curioso nombre de “torta publicitaria del Estado”, y que, teóricamente, posibilita la difusión de normas e información de interés público. Lo cierto es que las campañas millonarias a las que aluden, son en realidad aquellas que, sin control alguno, salvan de la impopularidad a gobiernos que las usan para “ayudar la economía de algunos medios de comunicación sometiéndose al poder de turno”.

Toda una realidad de “toma y daca” en el que se manipula groseramente la información sobre una danza de millones para satisfacer al poder que subsidia la economía de los dueños de algunas empresas privadas y la también costosa vida de esa asociación de nuevos ricos que surgen tras nombramientos en puestos del gobierno, donde se decide esta inversión.

Ha sido muy pobre la defensa argumental de quienes están en contra de la denominada “Ley Mulder”, no sólo porque  no explican cuál, y de qué manera, lesiona las libertades en sí mismas esta norma, sino porque han dejado en clara evidencia, cómo es que los montos “invertidos por años en publicidad estatal” no se justifican en costo-beneficio.

A este respecto, tal vez el ejemplo de algunas notificaciones de deudores tributarios donde la acreencia es muchísimo menor al costo del aviso mismo, nos dé una pista de las formas y motivaciones ulteriores que se esconden tras este debate al que se acompaña en estos días una millonaria campaña publicitaria destinada a golpear al congresista que impulsó la ley, tratando de distraernos además de los temas que están aún pendientes en este debate, es decir, sobre la naturaleza de la información que se publicita, la cantidad real de personas a las que llega la información publicitaria (léase tiraje y sintonía real), lugares e intensidad de la señal del medio respecto de la capacidad y extensión del canal del Estado, la Radio Nacional cuyos parámetros -en torno a emisión y recepción-, van incluso más allá del satélite, el Hd y el IPE y que, en conjunto, son sustantivamente mayores a las que pueden mostrar todas las demás empresas de comunicaciones, sin que el canal 7 haya sido favorecida en el reparto que comentamos.

En todo caso, la Ley Mulder rompió una estructura de asignaciones publicitarias que sólo favorecía a cuatro grupos de medios en desmedro de otras empresas más pequeñas que son localmente las más importantes en provincias. En tanto es bueno recordar que debatimos sobre los beneficios obtenidos de la explotación del espectro radial que es propiedad del Estado, pero que algunos medios que se han sentido afectado por esta ley, usan en su exclusivo beneficio, debiéndole todavía una explicación al país por las rumas y fajos de dinero que repartía Vladimiro Montesinos en los tiempos de la infame la salita del SIN en las que se vendía o alquilaba líneas editoriales y campañas malsanas en contra de opositores al régimen de turno.

A este escenario de poca transparencia y mediocre argumentación, se suma con entusiasmo digno de mejores causas, nada menos que el propio presidente Vizcarra, quien, huérfano de sentido de trascendencia, en vez apostar por el apoyo popular, intenta ganarse la simpatía de los únicos que cree que pueden sostenerlo, es decir, de algunos medios de prensa cuyos principios son tan firmes, como la amoral línea editorial que subastan.

Lo que suceda tras el fallo del Tribunal Constitucional permitirá voltear la mirada sobre resoluciones que han entrado en entredicho desde hace algún tiempo al conocerse como se expiden, pero ese es un tema posterior, en todo caso, ya nada debe extrañarnos, han sido meses de ahorro para el país y menos despilfarro, aunque la pretendida acción de inconstitucionalidad -que sabe dios qué rumbo cobrará-, tenga una final de fotografía.

Finalmente, los propietarios tienen perfecto derecho a simpatizar con tal o cual candidato, con una u otra posición o grupo político, pero, va siendo hora que al mismo tiempo, entiendan que su oposición a determinadas posiciones no les da derecho a sentirse dueños de la verdad, ni de la voluntad popular. Era necesario que se ponga freno a la feria de inversiones en campañas políticas en las que la falta de transparencia, el lavado y la desigualdad, campeaban.

 

 

 

 

 


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